Manglares de Sisal: estallido social en el paraíso perdido
- Onodet México
- 15 mar
- 21 Min. de lectura
Actualizado: 24 mar
El puerto, las dunas y los manglares de Sisal, Yucatán, enfrenta una grave crisis socioambiental debido a la expansión turístico-inmobiliaria que ha devastado ecosistemas protegidos y desplazado a comunidades locales. Un conflicto latente que estalló, de forma irreversible, en marzo del 2025.
La tala de manglares de Sisal y el retiro de dunas para construcciones a pie de playa se han convertido en noticia nacional tras el enfrentamiento entre pobladores, autoridades federales, y otros actores, como la Facultad de Ciencias de Sisal, una extensión de la UNAM, el pasado 12 de marzo, poniendo en evidencia un conflicto que destruyó el tejido social de esta comunidad pesquera, dividida y amenazada por la voracidad de los intereses privados que prevalecen en la costa de Yucatán.
El recuento de los daños
Desde febrero del 2025, la depredación ambiental de la franja litoral del noroeste de Yucatán se está convirtiendo en asunto nacional. La evidente destrucción de los manglares de Sisal, seguida de la remoción de las dunas, para aprovechamientos turísticos y habitacionales, acelerada desde la designación de este puerto como pueblo mágico, en el año 2020, ha rebasado los límites de la actualidad regional para convertirse en asunto de discusión pública a todos los niveles.
Los plantones, marchas y bloqueos de pobladores el 12 de marzo del 2025, que concluyeron en conatos de violencia con elementos de la policía estatal y de la Guardia Nacional y con una inédita protesta-reclamo frente a la sede de la UNAM en esta comisaría ejidal del municipio de Hunucmá, reflejan no solo un deterioro de las relaciones comunitarias, sino la descomposición social que se produce cuando la mafia inmobiliaria y el mercado de tierras toman el control del territorio y la población empobrecida se enfrenta al dilema del emigrar o lucrar.
Lo cuenta, con mucho detalle y más ardor, Katia Rejón, en su blog Memorias de Nómada. El lead de su artículo no puede ser más claro:
Prácticamente todo el pueblo se ha organizado para obtener tierras en un puerto que no tiene para dónde crecer, asfixiado por la industria turística y las reservas naturales que impiden el uso legal y legítimo de los recursos.
Luego, pasa a contar lo que inició la disputa:
A la vista de todos, se arrasa una franja costera de alto valor, aunque estas 23 mil hectáreas desforestadas no significan que en todo ese terreno hubiera puras matas de manglar. En esa duna costera había palma plateada, palma enana, guano de costa, algodoncillo, visnaga, coccolba y, esparcidos en la extensión, algunos ejemplares de mangle botoncillo y mangle blanco. Algunas de esas especies están amenazadas o cuentan con protección especial.
Los particulares que venden lotes de inversión o construyen en primera línea son denunciados, a menudos, por observadores que reportan a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y a las autoridades estatales, exacerbando la opinión popular que la unidad académica de la UNAM en Sisal sirve para vigilar y castigar a los pobladores, mientras no impide que grandes inmobiliarias o cadenas hoteleras se queden con las mejores locaciones del litoral.
En otras palabras, el encuentro de saberes que pudo surgir, años ha, para defender el territorio común se convirtió en diálogo de sordos y enfrentamiento abierto:
“La Unidad Académica de la Universidad Nacional Autónoma de México en Sisal existe desde 2009 como parte de un proyecto de descentralización del Instituto de Ingeniería de la UNAM. En conversaciones con el pueblo constantemente surgen comentarios que dejan ver las fricciones que existen entre comunidad científica y comunidad originaria. A pesar de que hay iniciativas y proyectos ambientales que integran a los dos grupos, personas entrevistadas apuntan que desde el principio hubo un choque cultural entre estudiantes universitarios de distintas ciudades del país y familias pescadoras del puerto. Pobladores critican que incluso la UNAM tenga tierras, pero el pueblo no y, a su vez, la contraparte acusa que la población muchas veces quiere los terrenos para vender.
Esta colisión en ciernes estalló el 12 de marzo del 2025 cuando los manifestantes se fueron a reclamar frente al plantel de la UNAM:
En la conversación con la única persona que se presentó al diálogo, los pobladores compartieron que estaban muy cansados de que las inmobiliarias y los hoteles acapararan el puerto y que no les beneficiara en nada.
Otra dinámica pudo haberse dado, pero al final sucedió el peor escenario:
El conflicto pudo haber escalado a la protesta en contra de las inmobiliarias, megaproyectos y empresas turísticas que devastan el medioambiente y desplazan al pueblo originario, un problema común tanto para investigadores como para la comunidad. La asamblea comunitaria y el grupo de académicos pudieron haber discutido sobre la reubicación de las especies valiosas de los terrenos deforestados, sobre la planeación costera organizada y hacer un frente común ante la gentrificación del puerto. Pero el conflicto sólo profundizó la ruptura ya existente entre ambas comunidades”.
Esta es la coyuntura y el contexto de una situación que estalló, a los ojos del mundo, pero requiere, cuando menos, un pequeño clavado en las condiciones que llevaron a un estallido que no sorprendió a ningún conocedor de Sisal. Pero sí puede decirse que hace ya algún tiempo hubo la posibilidad de evitar el desastre socioambiental. Y hasta hubo un plan, llamado POETCY.
El POETCY: Un instrumento de protección ambiental vulnerado
El Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio Costero del Estado de Yucatán (POETCY), decretado en 2007, fue diseñado como un instrumento de política ambiental para combatir la degradación ambiental en la costa yucateca mediante la armonización de actividades humanas y el medio ambiente.
Este programa se elaboró gracias a la colaboración interdisciplinaria de la comunidad científica de Yucatán, basándose en el conocimiento de los ambientes marino-costeros y considerando los tres ejes de la sustentabilidad: económico, social y ambiental (Gobierno del Estado de Yucatán, 2007).
El POETCY se fundamentó en principios internacionales de manejo costero, incluyendo la integración e interrelación entre problemas y sectores, la equidad intergeneracional, el derecho al desarrollo, el cuidado ambiental y el principio precautorio. Fue concebido como una herramienta de planeación jurídica que determinaría esquemas de regulación territorial para maximizar el consenso entre actores sociales y minimizar conflictos sobre el uso del suelo (Fraga et al., 2008).
Sin embargo, este instrumento validado participativamente en los municipios costeros fue sistemáticamente debilitado a través de modificaciones que han favorecido intereses inmobiliarios. En 2014 y 2015 se realizaron reformas que modificaron las políticas ambientales, actividades, usos de suelo y criterios de regulación ecológica, permitiendo actividades antes prohibidas en zonas protegidas.
La mancha urbana de fraccionamientos y residenciales que, desde la salida norte del periférico meridense, se extiende desde la ciudad dormitorio de Cd. Caucel, se empieza a sentar en Ucú y busca su playa residencial en Sisal
El 27 de julio de 2015, el gobierno del estado convocó a una nueva consulta pública que resultó en otra versión del POETCY. Esta versión, oficializada mediante el Decreto 308/2015 y publicada el 14 de octubre de 2015 en el Diario Oficial del Estado de Yucatán, conservó inalteradas la mayoría de las políticas ambientales y usos de suelo de la versión 2014, pero reformó los criterios de regulación ecológica 22, 23 y 24, estableciendo lineamientos para la construcción de edificios en la barra arenosa (Gobierno del Estado de Yucatán, 2015).
Fantasía inmobiliaria y fraccionamientos reales al norte de Mérida
La modificación del POETCY en 2015 representó un punto de inflexión en la política ambiental de la costa yucateca. Los cambios en los criterios de regulación ecológica establecieron parámetros específicos para la construcción de edificaciones en la barra arenosa, una zona extremadamente frágil desde el punto de vista ecológico.
Estos criterios, que originalmente estaban diseñados para proteger la integridad del ecosistema costero, fueron reformulados para permitir el desarrollo inmobiliario bajo ciertas condiciones técnicas que, en la práctica, resultaron insuficientes para garantizar la conservación del ecosistema (Batllori-Sampedro et al., 2019).
Es importante destacar que el POETCY regula específicamente 29 clases de usos de suelo y actividades en las Unidades de Gestión Ambiental (UGA), incluyendo la clase 25 "Desarrollo Inmobiliario", lo que convierte a este instrumento en una pieza clave para la regulación de proyectos como Paraíso Sisal.
Pero al final queda la impresión popular que estos instrumentos son para otra cosa, como describe una pobladora de Sisal a una periodista de Pie de Página tras una sospechosa quema de monte en agosto del 2024:
Eso la lleva a pensar que el incendio fue provocado, y aunque sabe que tiene que demostrarse, no suelta la idea.
“Las inmobiliarias que salen en medio de la selva en Google Maps algún camino van a tener que hacer, ¿no? Además, sé que ya hay un plan en Yucatán, a nivel estatal, de conexión marítima y terrestre”.
Ella se refiere al Programa de ordenamiento ecológico territorial costero de Yucatán (Poetcy). Un instrumento de planeación jurídica para, básicamente, regular qué se puede hacer en suelo costero.
Una de las críticas hechas a programas de este tipo es que al ser reguladores del territorio, intervienen en estos sin el consentimiento de la gente de la costa.
Roberto Sánchez, abogado en temas ambientales y de pueblos indígenas en Yucatán, dice que, si bien, el Estado justifica estos instrumentos como una medida ambiental por sobre los derechos de los pueblos indígenas y locales, no se puede olvidar que las comunidades han hecho un manejo histórico del territorio de la costa que implica un cuidado y por consiguiente conservación.
“El estado no hace públicos estos programas o lo hace de forma limitada porque los puede modificar cuando quiera y con ello favorecer a empresarios. Lo que ahora el programa protege, mañana puede ser habilitado para hoteles”, explica.
Testimonios sobre el despojo y la especulación inmobiliaria
La Dra. María Teresa Munguía Gil, académica de la Universidad Autónoma de Yucatán especializada en procesos territoriales, ha documentado el despojo de los desarrollos inmobiliarios en la costa yucateca, con particular énfasis en Sisal. Según sus investigaciones, este fenómeno se intensificó notablemente a partir de 2010-2012.
Entre 2010-2012 empieza un proceso de construcción y despojo de tierras para ampliación inmobiliaria que impacta en toda la península y Sisal es uno de los puertos que está en la mira para desarrollar una estrategia entre empresarios y gobierno de Yucatán, parecida a la que se dio en Holbox, Quintana Roo, donde se arrebató el fundo común a los ejidatarios que perdieron el control sobre la isla" (Munguía, comunicación personal, 6 de marzo de 2025).
La investigadora identifica claramente el papel del gobierno estatal en este proceso:
"En ese entonces estaba Ivonne Ortega Pacheco, quien creó la mafia inmobiliaria más grande, apoderándose de terrenos nacionales y haciendo convenio con empresarios para el despojo y la venta de tierras ilegales" (Munguía, comunicación personal, 6 de marzo de 2025).
El conflicto de Sisal en 4 videos: los influencers venden la playa de ensueño...
...Los promotores inmobiliarios te cuentan todo sobre la compraventa de terrenos...
...Y el mercado de tierras se expande por toda la playa de Sisal...
...Hasta que los pobladores exigen su parte de la playa y llega la bronca.
Un elemento clave en la estrategia de desarrollo turístico fue la designación de Sisal como "Pueblo Mágico" en 2020, impulsado por otra familia de empresarios de Mérida, los Legorreta, un proceso que, según testimonios recabados por Munguía, estuvo marcado por engaños a la población local:
"En experiencias de grupos focales y talleres que hice en Sisal me dijeron que llegaron con unas grandes y maravillosas despensas, haciendo firmar la entrega de esa despensa. Y esas firmas fueron las que luego los Legorreta utilizaron para promover la declaración de Pueblo Mágico. Entonces se engañó a la gente" (Munguía, comunicación personal, 6 de marzo de 2025).
La designación de Sisal como Pueblo Mágico el 1 de diciembre de 2020 ha intensificado estas transformaciones. Lejos de ser un motivo de celebración para la comunidad, esta designación ha generado una fuerte oposición entre los habitantes locales, quienes no fueron consultados sobre esta decisión.
El 5 de julio de 2021, los habitantes de Sisal protestaron cerrando el acceso al andador principal del puerto, exigiendo la revocación del certificado de Pueblo Mágico. Entre sus preocupaciones están el encarecimiento de la vida local (aumento en rentas y costos), la privatización de playas, los beneficios concentrados en empresarios y no en la comunidad, y la destrucción de ecosistemas por la construcción de hoteles y fraccionamientos.
La denominación, pues, solo fue una forma de acrecentar la especulación inmobiliaria:
"El boom turístico en la zona inicia con la denominación de Pueblo Mágico, denominación nada planificada, ni tampoco nada inclusiva, porque no se tuvo en cuenta a ejidatarios, ni a hombres, ni a mujeres de la comunidad" (Munguía, comunicación personal, 6 de marzo de 2025).
Paraíso Sisal: De área natural protegida a desarrollo inmobiliario
Paraíso Sisal se encuentra ubicado estratégicamente entre la Reserva Estatal de Ciénagas y Manglares y la Reserva Estatal El Palmar. Desde 1990, esta zona formaba parte de un área natural protegida de Yucatán, reconocida por su importancia ecológica como parte de los humedales costeros de la península, un ecosistema de importancia internacional reconocido por la Convención Ramsar.
A pesar de su estatus de protección, en 2010 la entonces gobernadora Ivonne Ortega Pacheco expidió el Decreto 293 que modificó los límites de la Reserva El Palmar, excluyendo la zona conocida como Paraíso Sisal (Diario Oficial del Estado de Yucatán, 2010). Esta acción administrativa, realizada sin consulta al poder legislativo, permitió que terrenos anteriormente protegidos pudieran ser comercializados y desarrollados.
El decreto fue firmado por Víctor Manuel Sánchez Álvarez, secretario general de Gobierno, y Eduardo Adolfo Batllori Sampedro, secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente. La participación de Batllori Sampedro resulta particularmente controvertida, dado que anteriormente había impulsado la protección de los manglares en la región, lo que evidencia las contradicciones en la política ambiental del estado.
Este cambio en el estatus legal de Paraíso Sisal abrió la puerta para que inmobiliarias como Sisal S.A. de C.V. y El Palmar Sisal S.A. de C.V., representadas por los hermanos Campos Agüero, adquirieran y desarrollaran terrenos en la zona. Los desarrolladores obtuvieron permisos para la "urbanización, electrificación, ampliación de la vía existente y apertura de un nuevo camino de acceso" para el complejo Paraíso Sisal.
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), bajo la dirección de Hernán José Cárdenas López, autorizó el Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) número 31YU2017UD085 para este proyecto, a pesar de las evidentes implicaciones ambientales negativas que tendría para la zona.
Entre los principales actores del desarrollo inmobiliario Paraíso Sisal destacan Víctor Manuel y Daniel Campos Agüero, representantes de Inmobiliaria Sisal S.A. de C.V., así como Fernando Eugenio Barbachano Herrero, Isabel Barbachano Herrero y Carmen Barbachano y Gómez Rul, propietarios de tablajes catastrales en la zona.
Impacto ambiental y social
El desarrollo inmobiliario en Sisal ha tenido consecuencias devastadoras para el ecosistema costero. Los manglares, ecosistemas de vital importancia para la costa yucateca, han sido particularmente afectados. Estos bosques costeros no solo albergan una rica biodiversidad, sino que también protegen la costa contra la erosión y los impactos de huracanes, funcionan como zonas de reproducción para numerosas especies marinas comerciales, y son importantes sumideros de carbono que contribuyen a mitigar el cambio climático (Herrera-Silveira et al., 2020).
La destrucción de manglares en Sisal ha alterado el equilibrio hidrogeológico de la zona, afectando la calidad del agua subterránea y aumentando la vulnerabilidad de la costa ante fenómenos meteorológicos extremos. Los estudios científicos han documentado una disminución en la biodiversidad local, con impactos negativos en poblaciones de aves migratorias, reptiles y mamíferos que dependen de estos ecosistemas.
Recientemente, en marzo de 2025, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) detuvo la destrucción de 10,400 metros cuadrados de mangle botoncillo (Conocarpus erectus) en Sisal, imponiendo una clausura total temporal. Sin embargo, estas acciones suelen llegar tarde, cuando el daño ambiental ya es considerable y muchos pobladores se integraron al mercado de tierras y se volvieron cómplices necesarios de la destrucción ambiental.
Además del daño ambiental directo, estas construcciones han afectado gravemente a la comunidad pesquera local. El 19 de agosto de 2023, pescadores de Sisal y Hunucmá protestaron por la destrucción del arrecife Madagascar, vital para la reproducción de especies que constituyen su sustento.
La erosión costera es otro problema grave que enfrenta Sisal como consecuencia del desarrollo inmobiliario. El mar ha avanzado sobre la playa, poniendo en riesgo tanto las construcciones como los ecosistemas costeros. Este fenómeno se ha acelerado por la remoción de vegetación costera que naturalmente protege la línea de costa.
La transformación socioeconómica de Sisal
El puerto de Sisal ha experimentado profundas transformaciones socioeconómicas en las últimas décadas. Tradicionalmente, la economía local se basaba en la pesca artesanal, una actividad que proporcionaba sustento a cientos de familias y formaba parte integral de la identidad cultural de la comunidad (Chuenpagdee et al., 2019).
Sin embargo, el auge del turismo y el desarrollo inmobiliario han alterado radicalmente la estructura económica y social del puerto. La llegada de inversiones para proyectos turísticos y residenciales ha generado una especulación inmobiliaria sin precedentes, elevando el costo de la tierra a niveles inaccesibles para los habitantes locales. Este fenómeno ha provocado un desplazamiento gradual de la población original, que se ve forzada a vender sus propiedades o a trasladarse a zonas más alejadas de la costa (Córdoba y Ordóñez & García de Fuentes, 2018).
Munguía describe este proceso como un
"desplazamiento forzado por inmobiliarias y por relaciones de poder entre empresarios y gobierno. Es un sistema difícil de atacar, porque hay muchas conexiones" (Munguía, comunicación personal, 6 de marzo de 2025).
El desarrollo turístico ha creado nuevas oportunidades de empleo, principalmente en servicios como hotelería, restaurantes y comercio. Sin embargo, estos empleos suelen ser temporales, mal remunerados y con escasas prestaciones sociales.
Además, muchos de los puestos de mayor calificación y mejor remuneración son ocupados por personas de fuera de la comunidad, limitando los beneficios económicos para los habitantes locales (Marín-Guardado, 2020).
Resistencia comunitaria y división social
Frente a la acelerada transformación de su entorno, diversos sectores de la comunidad sisaleña han organizado movimientos de resistencia y defensa del territorio. Estas iniciativas ciudadanas buscan proteger no solo el patrimonio natural, sino también el derecho a decidir sobre el futuro de su comunidad y a mantener sus formas tradicionales de vida (Rosado-May et al., 2020).
Sin embargo, según Munguía, estos esfuerzos de organización comunitaria se han visto debilitados por estrategias de división social:
"Después de haber nombrado Pueblo Mágico, vino una ruptura de tejido social que no me había tocado ver antes" (Munguía, comunicación personal, 6 de marzo de 2025).
La investigadora explica cómo operan estas estrategias de división:
"Finalmente, los especuladores compraban, por ejemplo, al comisariado ejidal y al presidente municipal de Hunucmá, entonces ellos terminaban apoyando porque les iban a dar una cantidad, de la cual los ejidatarios se enteraban después, cuando ya se había hecho el trámite" (Munguía, comunicación personal, 6 de marzo de 2025).
De ahí nacieron enconos, rivalidades y disputas por un emergente mercado de tierras donde los pobres se pelean con pobres para vender su escaso patrimonio, mientras pierden sus fuentes de empleo y alimentación en la pesca del pulpo y otras especies y se convierten, familia tras familia, en empleados subalternos del turismo y la construcción.
Este latente conflicto se vivía ya en el año 2022, tal y como se reflejaba en un artículo de Corriente Alterna:
A lo largo de 22 kilómetros de costa se repiten letreros con la leyenda: “Prohibido el paso, propiedad privada”, aunque en México, según la Sectur, no existen playas privadas.
—¿Por qué a nosotros no nos dan concesiones y a las personas que tienen dinero sí? —cuestiona un palapero.
Sobre la playa sobresalen casas con acabados de piedra y madera, más grandes que cualquier otra del pueblo de Sisal.
—Llegan extranjeros a ocupar tremendas casonas, pero no salen de ellas. Hacen su supermercado en Mérida y regresan para encerrarse —detalla, molesto, Mario, un hombre alto, de ojos grandes y piel morena. Aparenta unos cuarenta años.
A pesar de estos obstáculos, la resistencia comunitaria ha encontrado aliados en el ámbito académico y científico. Investigadores de instituciones como la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (CINVESTAV) y el Centro de Investigación Científica de Yucatán (CICY) han aportado evidencia científica sobre los impactos ambientales de los desarrollos inmobiliarios y han participado en foros públicos para informar a la comunidad (Arellano-Guillermo & Fraga-Berdugo, 2019).
Alternativas de turismo comunitario frustradas
Antes de la acelerada transformación de Sisal, existían iniciativas locales para desarrollar un modelo de turismo comunitario que beneficiara directamente a los habitantes. La Dra. Munguía participó activamente en estos esfuerzos a través del programa de manejo de residuos y el proyecto "Kiiwik ambiental" ambos propuestos por la comunidad de Sisal, que buscaba promover actividades turísticas gestionadas por y para la comunidad cada otoño.
"Era esa promoción la que hacíamos. Entonces, por ejemplo, había un taller de recorrido para observación de aves y eso se hacía de la gente, con la gente, para la gente. Y si llegaba alguien externo, se sumaba a ese proceso. Sí se hacía turismo comunitario. Se pedaleada en bicicleta a la zona de Pecis y otras actividades " (Munguía, comunicación personal, 6 de marzo de 2025).
Sin embargo, estas iniciativas comunitarias fueron desplazadas por el modelo de desarrollo turístico impuesto desde fuera. Incluso los espacios de recreación tradicionales de la comunidad fueron privatizados:
"Ya había un ojo de agua comunitario que privatizaron, ubicado en la zona de la Carbonera, era el lugar donde la gente de Sisal se iba a bañar. De un día para otro se cerró y el dueño actual, decidió cercar el ojo de agua y ya no puede entrar nadie" (Munguía, comunicación personal, 6 de marzo de 2025).
La pérdida de estos espacios comunitarios ha tenido consecuencias sociales graves, especialmente para los jóvenes:
"Estas pérdidas de espacios de ocio y recreación para la comunidad acaban orillando a los jóvenes hacia las drogas. Ese es efecto" (Munguía, comunicación personal, 6 de marzo de 2025).
Las alternativas de alojamiento comunitario también existían antes del boom inmobiliario:
"Era rentar las casas de la gente que vivía en Sisal. Y en los Kiiwik se ofrecían para rentar. Había un par de hotelitos donde quedarse y eran suficientes para acoger. O se hacían camping en la playa con vigilancia" (Munguía, comunicación personal, 6 de marzo de 2025).
Sin embargo, estas iniciativas no pudieron competir con el desarrollo turístico a gran escala:
"Es un sistema tan pesado y depredador, que impactó a todo Sisal, y un proceso comunitario puede llevar hasta 30 años para levantarlo, porque requiere de resistencia y una respuesta organizada de construcción de tejido social de la población, como pasa con todo proceso comunitario" (Munguía, comunicación personal, 6 de marzo de 2025).
El caso de Ixil: Una alternativa exitosa frente al despojo territorial
En contraste con la situación de Sisal, la comunidad maya de Ixil, ubicada también en el norte de Yucatán, ha logrado implementar estrategias efectivas para defender su territorio frente a la especulación inmobiliaria. Durante más de 10 años, esta comunidad se ha organizado para enfrentar diversas amenazas y problemáticas ambientales en su territorio (SEMARNAT, 2024).
Un hito importante en esta lucha ocurrió en 2021, cuando los habitantes de Ixil se conformaron como Asamblea de Comuneros y Comuneras y, respaldados por la ley, lograron evitar la privatización de 5,300 hectáreas de tierras ejidales de uso común que diversos desarrollos inmobiliarios y energéticos privados pretendían tomar para su usufructo (SEMARNAT, 2024).
El 19 de agosto de 2022, la comunidad sostuvo una reunión con la titular de la SEMARNAT y el Subsecretario de Política Ambiental y Recursos Naturales, donde expresaron su preocupación respecto a los intentos de despojo en el territorio e hicieron la propuesta de implementar un Ordenamiento Ecológico Local Participativo del Territorio del municipio de Ixil. En dicha reunión, la SEMARNAT se comprometió a realizar las gestiones necesarias para poder formularlo, y se acordó conformar el Comité de Ordenamiento Ecológico Local Participativo del Territorio de Ixil (SEMARNAT, 2024).
Desde agosto de 2022, empleados de las familias Abimerhi y Millet intentaron ocupar ilegalmente un área de 324 hectáreas de tierras comunales adyacentes al pueblo de Ixil. Planeaban comenzar a construir un proyecto inmobiliario residencial, del tipo que se anuncia en línea como "a cinco minutos de la playa" (The Yucatan Times, 2023).
Estas tierras, que son el sustento de numerosas familias de Ixil que dependen de los alimentos que producen, han sido siempre cultivadas por la comunidad, donde se cultivan verduras como rábanos, cilantro, cebolla verde y menta, entre otros. Quijano Pool explicó que estas tierras formaban parte de haciendas henequeneras y fueron expropiadas con base en la Resolución Presidencial para la Ampliación del ejido de Ixil, firmada por Lázaro Cárdenas el 3 de septiembre de 1937 y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de julio de 1939 (The Yucatan Times, 2023).
El Ordenamiento Ecológico Local Participativo como herramienta de defensa
El 5 de junio de 2023, la elaboración del Programa de Ordenamiento Ecológico Local Participativo del Territorio del Municipio de Ixil (POELP Ixil) fue adjudicada a la Facultad de Ciencias Antropológicas de la Universidad Autónoma de Yucatán. Este proceso, que contó con el respaldo institucional de la SEMARNAT, ha sido fundamental para detener la especulación inmobiliaria y frenar la explotación ilegal de tierras y recursos naturales (SEMARNAT, 2024).
Lo que hace excepcional a este programa es que fue elaborado verdaderamente con la comunidad de Ixil. Cada paso del proceso involucró a los habitantes locales, garantizando así que sus voces, conocimientos y preocupaciones fueran escuchadas y tomadas en cuenta. Este enfoque no solo empoderó a la comunidad, sino que también aseguró que el programa fuera un reflejo auténtico de sus valores, necesidades y aspiraciones (SEMARNAT, 2024).
El POELP Ixil se ha convertido en un instrumento de legítima defensa del territorio frente a intentos de despojo por parte de intereses y agentes externos a la comunidad. Es una declaración de soberanía y un compromiso con la protección del medio ambiente y los recursos naturales que sustentan la vida en Ixil (SEMARNAT, 2024).
Este proceso inspirador de lucha y trabajo comunitario va más allá de ser un documento; es un instrumento de fortalecimiento a los lazos comunitarios y a la conciencia ambiental dentro del territorio. Demuestra que la voz de la comunidad integrada a sus conocimientos ancestrales y a los conocimientos técnicos-científicos logran resultados duraderos y significativos en la gestión sostenible del territorio (SEMARNAT, 2024).
El papel de la SEMARNAT en tiempos de AMLO
Durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) experimentó cambios significativos en su enfoque y prioridades. Según la Dra. Munguía,
María Luisa Albores, secretaria de Medio Ambiente del gobierno de México durante gran parte del sexenio de AMLO tomando protesta a los integrantes del Comité del Ordenamiento Ecológico Territorial del Municipio de Calkiní (COEC) en mayo del 2021 / Imagen: cortesía de lajornadadeoriente.com.mx
"en la delegación estatal, la gente que estaba venía de base, de organizaciones de la sociedad civil y se metieron en un montón de problemas y conflictos porque frenaron muchos proyectos revisando a detalle los manifiestos de impacto ambiental para checar si había errores, si realmente correspondía a la condición ambiental del sitio" (Munguía, comunicación personal, 6 de marzo de 2025).
Esta postura más rigurosa en la evaluación de proyectos de desarrollo representó un cambio respecto a administraciones anteriores. "O sea, si por primera vez, al menos en la federación, alguien intentó frenar lo habitual", señala Munguía (comunicación personal, 6 de marzo de 2025), pero los cambios en la administración estatal y federal desde octubre-diciembre del 2024, con la remoción de todos los funcionarios en Semarnat, Profepa o Procuraduría Agraria, provocaron un vacío que, al cierre de este artículo, no parece haberse llenado: "la persona que está en el tema ambiental pues no es una persona que conozca el tema ambiental" (Munguía, comunicación personal, 6 de marzo de 2025).
Esta preocupación se extiende a nivel federal, donde también ha habido cambios en el personal de la SEMARNAT: "Cambiaron a todo el personal", señala Munguía, aunque aclara que es prematuro evaluar el impacto de estos cambios: "yo no puedo evaluar hoy día si para bien o para mal, porque es muy poco el tiempo" (Munguía, comunicación personal, 6 de marzo de 2025).
A pesar de estas incertidumbres, el caso de Ixil demuestra que cuando las comunidades se organizan y cuentan con el respaldo institucional adecuado, pueden desarrollar herramientas efectivas para la defensa de su territorio y sus recursos naturales, aunque luego ciertos personajes, revestidos de empresarios-activistas o las autoridades locales compliquen su aprobación.
Aun así, el Programa de Ordenamiento Ecológico Local Participativo de Ixil es un testimonio de la capacidad de las comunidades para defender su territorio y su entorno, y un ejemplo que estimula la participación social, la cual debe ser la piedra angular de un desarrollo verdaderamente sostenible (SEMARNAT, 2024) que incluya a todas y no termine por provocar la ruptura que vive Sisal.
Inciertos futuros
El caso de Sisal ilustra cómo las políticas públicas diseñadas para proteger el medio ambiente pueden ser manipuladas para favorecer intereses económicos particulares. A pesar de que el POETCY fue creado con una visión de sustentabilidad e integralidad, las modificaciones posteriores y la complicidad de funcionarios públicos han permitido la destrucción de ecosistemas valiosos y el desplazamiento de comunidades locales.
La resistencia de la comunidad sisaleña frente a esta invasión inmobiliaria representa una lucha por la dignidad y el futuro de las comunidades costeras de Yucatán. Los esfuerzos de académicos como la Dra. María Teresa Munguía Gil y organizaciones civiles para implementar instrumentos de ordenamiento territorial participativo ofrecen una esperanza para frenar la especulación inmobiliaria y proteger los ecosistemas costeros, pero, a veces, no es suficiente.
“Hay que vivir en el lugar para poder participar y apoyar a la comunidad a organizarse y no depender de organizaciones que solo buscan resultados, pero no se implican en procesos de lucha”, resalta Munguía.
Por otro lado, el caso de Ixil demuestra que es posible resistir efectivamente al despojo territorial cuando las comunidades se organizan y cuentan con el respaldo institucional adecuado. Su Programa de Ordenamiento Ecológico Local Participativo se ha convertido en un modelo a seguir para otras comunidades que enfrentan amenazas similares.
Sin embargo, como señala Munguía, revertir este proceso de despojo requiere la acción coordinada y la vigilancia de la sociedad civil y las instituciones, así como la aplicación y el fortalecimiento de instrumentos legales como el ordenamiento costero:
"Hay instrumentos ambientales y legales que pueden proteger, pero implica combinar los ojos, el corazón y la acción de mucha gente para cuidar que esto no pase y no se desborde la mafia inmobiliaria" (Munguía, comunicación personal, 6 de marzo de 2025).
El futuro de las comunidades costeras de Yucatán dependerá de la capacidad de sus habitantes para organizarse y resistir las presiones del desarrollo inmobiliario, así como de la voluntad política para implementar y hacer cumplir las regulaciones ambientales que protejan los ecosistemas costeros.
Encontrar el equilibrio entre el desarrollo económico, la protección ambiental y el bienestar social es, a menudo, un tripié imposible que se rompe por la parte más débil. Los habitantes terminan expulsados de su territorio y el destino de Holbox se cierne como amenaza final sobre Sisal, condenado, si nadie lo impide, a ser otro paraíso perdido ante la maquinaria turística y la destrucción de manglares.
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